ACUSACIONES Y ALEGATOS

Al final, se puede descargar una copia del mismo

     El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, está siendo sometido en estos días a un juicio político que podría terminar en su destitución. Este juicio parece una instancia natural dado que el propio Jefe de Gobierno asumió su responsabilidad política poco después de la tragedia.

     Sin embargo, en el marco del proceso debe ponerse atención a los muy diferentes modos de tratar el debate que tiene la sociedad, la justicia penal y los legisladores. El grueso de la sociedad –así lo reflejan los medios y la participación del público en ellos, así como las encuestas– percibe y discute la sumatoria fatal de un largo encadenamiento de responsabilidades. Paralelamente la Justicia –cuyo accionar viene siendo positivamente valorado por un amplísimo espectro social– avanza con la causa, lo hace a buen ritmo y procesó a una veintena de personas, incluyendo a ex funcionarios, policías y bomberos acusados de recibir coimas, a los gerenciadores del boliche y a los integrantes del grupo Callejeros. En franco contraste con estas formas reflexivas de tratar el tema, buena parte de la Legislatura azuza y usan el dolor de las víctimas y juega al tiro al blanco no sólo contra Ibarra sino también contra el voto popular y las instituciones.

     Tras semanas de debates que el periodismo calificó como "bochornosos", la mayoría de los legisladores porteños aprobaron la suspensión de Ibarra y decidieron la iniciación de un juicio político en su contra. Veamos ahora hasta dónde son verosímiles y ciertas estas acusaciones. Las acusaciones que los legisladores hicieron recaer sobre Ibarra son, expresadas de manera sintética, las siguientes:

Primera acusación
     “Ineficacia e ineficiencia en la política de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 2004."

     Este gobierno no se conformó con las políticas de control heredadas sino que fue el primero y único que, desde 1983, intentó hacer una transformación radical de los sistemas de inspección, combatiendo los nichos de corrupción, buscando la transparencia y fomentando la participación social a la hora de denunciar irregularidades. Existe una constante política de control que se expresa en:

–En el 2001 se intervino la Dirección de Verificaciones y Control por su ineficacia y por sospechas de corrupción.

–En el 2002 se creó un ministerio de Gobierno y Control Comunal para superar la dispersión del poder de policía del Estado y en cambio consolidarlo. Ese mismo año, el gobierno de Ibarra envió a la Legislatura un proyecto de Ley que planteaba el problema de la total obsolescencia de las normativas de control, la superposición de esas normas y su carácter contradictorio. Al día de hoy, casi cuatro años después, esa ley no fue tratada ni por la anterior ni por la actual Legislatura.

–En el 2003 se introdujeron cambios para ganar en rigor a la hora de otorgar y revisar habilitaciones (decreto 2115/03) y para ganar en periodicidad y sistematicidad en las rutinas de control. Una decisión fundamental fue la de separar el acto de la habilitación de la verificación aplicando el criterio de "el que habilita no controla" y viceversa, para impedir posibles actos de connivencia entre empresarios e inspectores, pedidos de coima y para ganar en eficacia. Ningún legislador objetó los cambios. Se creó la Unidad Polivalente de Inspecciones para obrar un efecto de mayor sinergia y eficiencia entre las áreas; y se puso a disponibilidad a 300 inspectores y 200 agentes administrativos. Ningún legislador objetó los cambios. Se debió apelar al uso de la fuerza policial y se dictó un asueto administrativo de cinco días para evitar eventuales maniobras lesivas para el Estado o la ciudadanía por parte de algún personal separado.

–A fines del 2004, la Unidad Polivalente de Inspectores llega a tener 200 agentes. En el proceso de incorporación de nuevos inspectores se establecieron condiciones de alta exigencia y capacidad. Los nuevos agentes (decreto 2116/93) debían tener título universitario, tres años de antigüedad en su profesión y carecer de antecedentes penales, además de presentar una declaración jurada de bienes al comenzar y al finalizar su vínculo con el Estado. Comenzó también un nuevo proceso de capacitación de esos nuevos agentes. Al mismo efecto se creó el Registro Público de Inspectores. El legajo, la fotografía y las funciones precisas de cada uno de ellos son accesibles por Internet para transparentar el sistema y para facilitar la consulta de los dueños de los locales cuando son inspeccionados. El 22 de junio de 2004, seis meses antes de Cromañón, se creó el Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (decreto 968/04). Se tramitó y obtuvo un crédito BID de 1,4 millones de dólares para modernizar el área de control comunal. El crédito fue aprobado el 25 de agosto de 2004, cuatro meses antes de la tragedia.

     La tragedia de Cromañón, sucedida en plena implementación del nuevo sistema de controles, no ocurrió por ausencia de políticas sino a pesar de las transformaciones introducidas. Resulta llamativo que el único Jefe de Gobierno o intendente que cambió el sistema de habilitaciones para hacerlo más eficaz y transparente sea sometido a juicio político.

     Se puede legítimamente objetar las políticas iniciadas por el gobierno de Ibarra a la hora de ejercer el poder de control y policía. Se lo puede criticar por sus eventuales debilidades. Lo que es seguro es que no se puede iniciar un juicio político o destituir a un Jefe de Estado legitimado dos veces por el voto popular.

Segunda acusación
“No haber iniciado sumarios administrativos contra funcionarios que Ibarra puso en disponibilidad por fuertes sospechas de corrupción.”

    El artículo 1º de la ley 1218 establece que el organismo que tiene competencia para iniciar sumarios es la Procuración General de la Ciudad. En cuanto a denuncias penales, alcanza con recordar la célebre "causa de los inspectores" iniciada en 1996 para comprender la dudosa efectividad de esas denuncias. En aquel entonces se inició una investigación sobre 1500 empleados, que luego se redujeron a 700. Diez años después se realizaron siete juicios orales. Hubo dos condenas y cinco absoluciones. De esto se deduce que el combate contra la corrupción en el Estado no puede darse meramente con procedimientos policiales o administrativos que no se sabe cómo terminan, sino que necesita de una fuerte decisión política.

Tercera acusación
Insuficiencia e ineficiencia en la asignación de recursos para las actividades de control comunal.

     El presupuesto en las áreas de control del 2001 era de casi once millones de pesos. Fue incrementándose hasta llegar en el 2004 a 14 millones, es decir un 30% más. En la actualidad supera los 20 millones, lo que habla de una duplicación respecto del año 2001. Cabe aclarar que la asignación de los recursos del Estado para determinadas áreas o políticas las deciden los legisladores cuando estudian y aprueban el presupuesto que cada año presenta el Poder Ejecutivo.

Cuarta acusación
“Designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad en la Sindicatura General de la Ciudad.”

     La titular de la Sindicatura, designada por el Jefe de Gobierno el 2 de diciembre del año 2002, es la contadora Marcela Sánchez de Bustamante. Sánchez de Bustamante posee un amplio currículo: se desempeñó en relación de dependencia tanto del Estado nacional como de la Ciudad de Buenos Aires y de diversas empresas privadas. Realizó trabajos de auditoría para empresas como Telecom y Aerolíneas Argentinas, en consultoras como Arthur
Andersen y en el banco de San Juan, público hasta su privatización.

Quinta acusación
“Ausencia de medidas adecuadas en respuesta a los llamados de atención de la Defensoría del Pueblo, la Legislatura y la Auditoría General de la Ciudad en torno al control de locales bailables y otros establecimientos.”

     Las intervenciones de estos tres organismos –Defensoría, Legislatura y Auditoría– son consideradas por el dictamen de acusación de la Legislatura como tres "alertas institucionales" en torno a la posibilidad de que ocurriera una tragedia como la de Cromañón. Más allá de la exageración, el Gobierno de la Ciudad no descuidó en absoluto estas “alertas”:

–La Defensoría del Pueblo. El 5 de mayo del 2004 el Defensor Adjunto del Pueblo emitió una nota a la Subsecretaría de Control en referencia a la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de una ordenanza (la 50.250) sobre la obligación de que los locales tengan en regla los certificados emitidos por Bomberos. En una causa paralela a la investigación sobre la tragedia de Cromañón, ese funcionario está siendo investigado por posibles vínculos con empresas que hacían obras para locales bailables. La nota pedía "intimar" a los locales clase C (la categoría en la que entra Cromañón) a cumplir con la ordenanza y en caso de verificar incumplimientos "aplicar las sanciones previstas". El gobierno respondió a la nota intimando a los locales y cuando verificó incumplimientos los clausuró. Antes de poder hacerlo debió actualizar el padrón sobre el que se basaba el pedido, ya que éste no reflejaba la realidad: cuando se hizo el correspondiente relevamiento de 258 locales mencionados se comprobó que sólo 108 eran locales clase C. Cromañón fue intimado el 24 de mayo del 2004 y, a raíz de ello, se remitió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el certificado vigente de la ordenanza 50.250. De forma que, veinte días después de recibida la nota de la Defensoría, Cromañón ya había sido intimado. Cerca de cuarenta locales fueron a su vez clausurados a raíz de una nota anterior proveniente también de la Defensoría que pedía la clausura inmediata "de los locales de baile que no cuenten con la correspondiente habilitación".

–La Legislatura. Este cuerpo tomó conocimiento de las actuaciones de la Defensoría por la nota publicada en el diario Clarín el 26 de mayo del 2004. Los legisladores aprobaron un pedido de informes dirigido no al Jefe de Gobierno sino "al organismo técnico correspondiente". Lo hicieron el 30 de septiembre del 2004 (resolución 359/04), es decir cuatro meses después de publicada la nota del diario. No pidieron que el pedido de informes se tratara sobre tablas, ni le dieron urgencia, ni convocaron al Defensor del Pueblo Adjunto, ni a los bomberos, ni a funcionarios del Ejecutivo. Mantuvieron encuentros con funcionarios del área de controles pero no hablaron del eventuales peligros de incendio en locales bailables.

–La Auditoría General de la Ciudad. Elaboró tres informes sobre el funcionamiento del área de verificaciones y control pero referidos a hoteles, geriátricos y estadios. Los tres fueron aprobados el 26 de enero de 2005 y enviados a la Legislatura y el Ejecutivo el 27 de enero siguiente, un mes después de la tragedia.

Sexta acusación
“Ineficacia e imprevisión en la atención de la emergencia, una vez producida la tragedia de Cromañón.”

     El dictamen de los legisladores parece dirigirse exclusivamente a culpabilizar al Jefe de Gobierno por la tragedia de Cromañón, incluyendo errores graves en la atención de la emergencia la noche del 30 de diciembre de 2004. Jugando morbosamente con las muertes sucedidas esa noche acusaron por ejemplo a las autoridades del SAME –y a través de los funcionarios, médicos y trabajadores del SAME  al Jefe de Gobierno– de no haber elaborado en plena emergencia un listado de muertes y de la forma en que murieron los chicos de Cromañón. Cualquier experto en emergencias sabe que según de qué emergencia se trate lo que deben hacer médicos y enfermeros no es llenar papeles sino salvar vidas.

     Los legisladores también acusaron a las autoridades por no haber dispuesto un vallado policial que permitiera una mejor labor en la emergencia. El trazado de ese vallado es responsabilidad de la Policía Federal –que depende del ministerio del Interior de la Nación– y en todo caso existen pruebas de que diversos funcionarios del Gobierno de la Ciudad hicieron todo lo posible para presionar a la policía y que el propio Ibarra se comunicó varias veces con el ministro del Interior. Pero, nuevamente, ni el personal médico ni los bomberos a la hora de salvar vidas pueden esperar que se disponga un vallado.

     También acusaron al Jefe de Gobierno porque supuestamente no se hizo una adecuada clasificación de las víctimas (triage). Esa clasificación se hace en otro tipo de emergencias y no ante un cuadro masivo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos. Lo que decidió correctamente el director del SAME fue considerar a todas las víctimas como rojas y derivarlas a los hospitales, que ya estaban en alerta.

     Echando por tierra las acusaciones de los legisladores, el cuerpo de forenses de la Corte Suprema de la Nación, a pedido de la Justicia, se expidió diciendo que "La actuación del SAME fue la correcta". Pese a los detalles morbosos sugeridos por esos mismos legisladores el informe aclaró también que todas las muertes se produjeron por inhalación de gases tóxicos y que ningún joven murió aplastado (Clarín 21/12/05: "La tragedia de Cromañón: Un informe respalda la actuación del SAME").

Descargar una copia de "Acusaciones y alegatos"